La participación del país en el I Simposio Internacional de Memorias Participativas “Saberes, resistencias y co-creación de futuros” se realiza a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, del 17 al 19 de junio en la Universidad de Granada, España. La presencia de Colombia marca un hito con una de las apuestas más ambiciosas de América Latina en materia de memorias, respaldada por una inversión histórica cercana a los 9.850 millones de pesos (cerca de 2,6 millones de euros) destinados a la salvaguardia de memorias, la reparación simbólica, el fortalecimiento de archivos comunitarios en clave de construcción de paz.
El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes participa en el I Simposio Internacional de Memorias Participativas “Saberes, resistencias y co-creación de futuros”, que se lleva a cabo del 17 al 19 de junio en la Universidad de Granada, España, con la presencia de Saia Vergara Jaime, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural.
El encuentro reúne a investigadores, artistas, activistas y gestores culturales de distintos países para reflexionar sobre las memorias como prácticas colectivas capaces de transformar sociedades. En este escenario, Colombia llega con una experiencia que puede considerarse una de las más innovadoras de América Latina en la articulación entre patrimonio cultural, memorias, reparación simbólica y construcción de paz.
Durante los últimos cuatro años, el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes impulsó una política que amplió los límites tradicionales de la memoria histórica. La apuesta del gobierno del presidente Gustavo Petro consistió en reconocer a las comunidades -muchas de ellas sobrevivientes del conflicto armado- como protagonistas de la construcción de memorias, siempre en plural, y de entender el patrimonio cultural como una herramienta para garantizar la verdad y la reparación simbólica.
Esta política se fundamenta en que las memorias también habitan en los cantos, las danzas, las oralituras, los rituales, los saberes ancestrales, las prácticas espirituales y las formas culturales a través de las cuales los pueblos transmiten sus historias de generación en generación. Por ello, una parte significativa de la inversión pública se orientó al reconocimiento y fortalecimiento de las comunidades como protagonistas de la salvaguardia, transmisión y reconstrucción de sus propias memorias.
En el último cuatrienio (2022–2026), el Ministerio consolidó una inversión superior a 9.850 millones de pesos (cerca de 2,6 millones de euros) en diversos programas. Para un país marcado por décadas de conflicto armado y profundas desigualdades históricas, esta inversión expresa la decisión institucional de reconocer, valorar y visibilizar los aportes de los pueblos y comunidades en la construcción de los relatos colectivos de la nación.
Una disputa por las memorias
En marzo de 2026, Colombia se convirtió en el primer país del mundo en presentar ante la UNESCO un expediente de Buenas Prácticas de Salvaguardia que reconoce los sistemas de conocimiento indígenas asociados a la planta de coca. La iniciativa reúne a más de 30 pueblos indígenas de la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta y los Andes, representando a cerca de 373.720 personas. El expediente pone en valor la planta de coca como medicina, alimento espiritual, principio de gobierno propio y soporte de sistemas de conocimiento ancestrales vinculados al cuidado del territorio y de algunos de los ecosistemas más biodiversos del planeta. También constituye una intervención en el campo de las memorias. Durante décadas, se impuso una visión casi exclusiva de la planta asociada al narcotráfico, invisibilizando los conocimientos y significados culturales que tiene para los pueblos indígenas. La candidatura ante la UNESCO busca salvaguardar esos saberes, fortalecer su transmisión intergeneracional y contribuir a descolonizar las formas dominantes de entender tanto las memorias como el patrimonio cultural. La inversión destinada al proceso supera los 733 millones de pesos (cerca de 198.000 euros).
Cuando la reparación se convierte en patrimonio
Como parte de una decisión inédita para fortalecer el cumplimiento de sentencias judiciales relacionadas con memoria y reparación simbólica, el Ministerio creó un comité especializado que ha permitido avanzar en medidas concertadas con las comunidades. En el caso de la masacre, una de las más emblemáticas en la historia reciente, de Bojayá (2002), junto a 19 consejos comunitarios afrodescendientes y 9 cabildos indígenas, se identificaron y documentaron los sistemas rituales mortuorios del municipio, prácticas vivas para abordar el duelo y objetos de memoria que recuerdan a las 119 víctimas de la masacre, entre ellas 48 niños y niñas. Asimismo, el Ministerio avanza en la declaratoria del Cristo Mutilado de Bojayá como Bien de Interés Cultural de la Nación, con una inversión que supera los 1.040 millones de pesos (cerca de 281.000 euros).
Abrir los archivos, compartir el poder
Quizás una de las decisiones más audaces del cuatrienio fue reconocer que gran parte de las memorias del país permanecen en manos de las comunidades y no en las instituciones. El Archivo General de la Nación acompañó a más de 140 organizaciones comunitarias y étnicas para fortalecer sus capacidades de conservación y gestión documental. Esta apuesta buscó que las comunidades pudieran custodiar sus propios archivos y mantener el control sobre sus memorias.
En esa misma línea, Colombia creó el Observatorio Suramericano de Archivos Comunitarios “Orlando Fals Borda” y avanzó en la apertura progresiva de los archivos del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), destinando más de 1.607 millones de pesos (cerca de 434.000 euros) a un proceso histórico que responde a mandatos de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Así mismo, la custodia del archivo de la Comisión de la Verdad —140 terabytes de información organizados en 70 series documentales— constituye otro de los legados más importantes para las futuras generaciones.
Memorias para nombrar lo que duele
La política del Gobierno del Cambio también abordó algunos de los capítulos más sensibles de la historia reciente colombiana, entre ellos, la realización de un documental en proceso sobre las voces de las mujeres víctimas del genocidio de la Unión Patriótica, como medida de reparación simbólica ordenada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, se construyeron tres espacios memoriales en cumplimiento de decisiones de la JEP y de organismos internacionales: el Parque Memorial 6402+, dedicado a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y diseñado junto con el colectivo MAFAPO (Madres de los Falsos Positivos); el memorial Ellas tienen razón en La Escombrera, Medellín; y el espacio de memoria de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó.
Durante este cuatrienio, Colombia también fortaleció sitios de memoria afrodescendiente vinculados a la esclavización, la resistencia y la libertad, y avanzó en la inclusión de territorios en la Red de Lugares de Historia y Memoria asociados a la esclavización y la trata de personas de la UNESCO.
“El trabajo del Ministerio de las Culturas en estos cuatro años demuestra que el patrimonio cultural puede ser una herramienta para salvaguardar las memorias de los pueblos. También evidencia cómo el colonialismo, el racismo y otras formas de exclusión han silenciado durante siglos múltiples voces. De ahí que uno de los grandes compromisos de este gobierno haya sido el de reconocer la autoridad de las comunidades sobre sus propias memorias, y acompañar procesos de verdad, justicia y reparación simbólica a partir de la valoración de sus saberes, historias y formas de entender el mundo”, señaló la viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural, Saia Vergara Jaime.
En Granada, Colombia comparte una experiencia que ha ampliado las formas de gestionar el patrimonio cultural y su relación con la memoria, la participación y la construcción colectiva. Este enfoque, en pleno siglo XXI, aporta nuevas preguntas al debate internacional sobre quiénes producen memoria, quiénes la custodian y el protagonismo que puede tener la cultura en la construcción de sociedades más justas y más democráticas.
Esta nota fue publicada por una periodista de Cooltura Total con información del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.
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